Modificar la Ley equivale a matar las APP en el país

Modificar la Ley de Alianza Pública Privada (APP) es equivalente a matar la Ley, según manifestó categóricamente el titular de la Secretaría Técnica de Planificación (ATP), José Molinas Vega, durante la conferencia “La Alianza Pública Privada como instrumento para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo” realizada el jueves último en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA).

Frente a una audiencia compuesta por catedráticos, empresarios y alumnos de dicha casa de estudios, Molinas presentó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay 2030 con la visión del Paraguay del futuro, consensuado en consultas realizadas en todo el país donde participaron más de 2.000 referentes del gobierno central, gobiernos sub-nacionales, sociedad civil, sector privado y académico. Este proceso de consulta ha sido realizado en 10 departamentos del país con la participación de autoridades sub-nacionales, sociedad civil y sector privado local.

Explicó que el PND 2030 se constituye como un documento estratégico que facilitará coordinar acciones en las instancias sectoriales del Poder Ejecutivo, así como con diversos niveles de gobierno, sociedad civil, sector privado y, eventualmente, los Poderes Legislativo y Judicial.

Según Molinas el PND marca la visión del Paraguay al 2030 bajo 3 ejes de acción: (i) reducción de la pobreza y desarrollo social; (ii) crecimiento económico inclusivo; e (iii) inserción de Paraguay en el mundo. Cada eje estratégico incorpora 4 líneas transversales: (i) la igualdad de oportunidades; (ii) la gestión pública eficiente y transparente; (iii) el ordenamiento y desarrollo territorial; y (iv) la sostenibilidad ambiental.

La interacción de los 3 ejes estratégicos con las 4 líneas transversales, resulta en 12 estrategias que guían las políticas públicas para construir el Paraguay del 2030.

En este orden de cosas, el titular de la STP resaltó que para lograr el desarrollo de infraestructura que el país requiere para el 2030 se necesitan de inversiones superiores a los US$ 10.000 millones, monto que sería imposible cubrir mediante impuestos y préstamos.

Ante ello, aclaró surge la necesidad de recurrir a instrumentos eficientes y utilizados en la actualidad de manera exitosa por más de 140 países en el mundo como lo es la participación pública privada.

Manifestó que en los países donde las iniciativas de APP son exitosas, han sido donde los Congresos otorgaron la facultad de Ejecución a sus gobiernos centrales, no así donde se mantuvo la prerrogativa de aprobación parlamentaria final.

Mencionó casos como los de Uruguay, Chile, Colombia, Perú, y Brasil, en la región y Corea o Gran Bretaña, donde los parlamentos otorgaron a sus gobiernos la potestad de implementación de las APP, y han sido todo un éxito. No así en Centroamérica (Guatemala, Honduras) donde debido al requisito final de caso por caso, el mecanismo no ha logrado su eficiencia tradicional de otras latitudes.

Señaló además que la intención del Senado Nacional de modificar la Ley de APP en su artículo 52 enviaría un mensaje de país inseguro para los inversionistas, ya que se modificarían las reglas de juego en menos de 2 años.

Como muestra de lo que significaría la modificación del artículo legal comparó el marco legal con la Ley de concesiones que con 15 años de vigencia no ha sido utilizado en ninguna ocasión.

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